martes, diciembre 26, 2006

Niegan que se levante la veda para construir torres



Edicion impresa 24 de diciembre

ESTAN SUSPENDIDOS LOS PERMISOS POR 90 DIAS EN SEIS BARRIOS PORTEÑOS La Comuna dice que no prepara un decreto. Hasta el 15 de febrero puede resolver el tema.

El Gobierno porteño salió ayer a negar que tenga pensado levantar por decreto, en no más de quince días, la prohibición de nuevos permisos de obra en seis barrios porteños. "No hay ningún decreto para reemplazar al decreto 1929 en quince días. Es falso y desmentimos categóricamente la versión que círculo ayer, carece de todo sentido cuando tenemos tiempo de resolver el problema de la construcción hasta el 15 de febrero", dijo a Clarín el ministro de Obras Públicas y Planeamiento, Juan Pablo Schiavi. Desde el 15 de noviembre están suspendidos por 90 días los permisos de obra en zonas densamente pobladas de los barrios de Caballito, Palermo, Villa Urquiza, Villa Pueyrredón, Coghlan y Núñez. "Estamos estudiando una batería de medidas para atacar la infraestructura y no están cerradas", dijo el ministro. Schiavi se reunió tres veces en las últimas dos semanas con vecinos afectados o que han denunciado obras truchas. Y a la vez también está en funcionamiento la llamada Mesa Técnica con constructores, arquitectos y el gremio de la construcción, la UOCRA, que analiza la situación de la infraestructura en los seis barrios donde está suspendida la construcción de edificios. Esto es saber si los servicios —agua, cloacas, electricidad, gas— corren peligro de colapsar ante la gran cantidad de emprendimientos inmobiliarios que se están levantando, tal como denuncian los vecinos. Para eso se pidieron informes específicos a las empresas de servicios. Los de las eléctricas y telefónicas ya están terminados, el de gas se está produciendo y el de aguas es parcial, informó Schiavi. "Hay infraestructuras que están bien y otras que no, pero esos estudios todavía no están terminados", dijo el ministro y agregó que necesariamente en los lugares con problemas deberán intervenir. Una de las mayores críticas de los vecinos es por la saturación de las cloacas o falta de presión en el agua. "Con AySa —la empresa estatizada— debemos trabajar de manera común para resolver problemas", explicó.Otro punto fuerte es el análisis del impacto ambiental. Actualmente, según las normas hay que hacer un estudio de impacto ambiental cuando un edificio supera los 10.000 metros cuadrados de superficie, pero los funcionarios deben resolver por ejemplo, qué hacer en una cuadra donde hay seis edificios de 2.500 metros cuadrados cada uno y que entre todos suman 15.000 metros cuadrados, o sea mucho más que lo permitido para uno y que podrían ocasionar impacto ambiental.Schiavi cerró. "Estamos dentro de los tiempos de trabajo comprometidos y es un tema delicado. Vamos a ir saliendo ordenadamente de esta crisis de crecimiento".

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