martes, agosto 18, 2009

Buscan limitar por ley las alturas de nuevas torres

Son dos proyectos de la Legislatura. Hay barrios donde ya se modificaron los topes



BARRIO EMBLEMA. EN CABALLITO NACIERON LAS PROTESTAS DE VECINOS.

Más allá de las denuncias por supuestas irregularidades, los vecinos de Villa Pueyrredón y Agronomía reclaman que se limite la construcción en altura a futuro. Y en la Legislatura porteña ya hay dos proyectos de ley en marcha.

El primero fue presentado por la presidenta de la Comisión de Planeamiento Urbano, la kirchnerista Silvina Pedreira. Plantea que las alturas máximas sean de 12, 18 y 24 metros, según las manzanas.

La otra iniciativa es impulsada por el ibarrista Eduardo Epszteyn, con el apoyo de Teresa de Anchorena, de la Coalición Cívica. Este proyecto propone dejar el tope en cuatro pisos de altura.

Desde el boom de la construcción, la Legislatura ya tuvo que modificar varias veces los topes de construcción en varios barrios. El caso emblemático, que incluso motivó fallos judiciales frenando obras, fue el de Caballito, donde la Legislatura terminó protegiendo 80 manzanas. También hubo cambios en Colegiales, Coghlan y el pasaje Volta, en Las Cañitas.

Además, la Legislatura obligó a que todas las edificaciones presenten un certificado de aprobación de las empresas de servicios públicos, luego de que los vecinos afirmaran que la constante construcción afectaba los servicios de agua, cloacas, luz y gas.

lunes, agosto 17, 2009

Otra traba para el patrimonio

Un flamante asesor en la Comisión de Planeamiento se está haciendo notar por su oposición a proyectos patrimonialistas. Ex funcionario del Ejecutivo, este personaje fue sumariado por demorar cientos de expedientes de obra.

Defender el patrimonio puede ser muy cansador, porque destruirlo es un buen negocio, lo que atrae al malón. Donde la preservación invoca cierto idealismo de la historia y la experiencia urbana, la piqueta busca la plata fácil y rápida. Una de las maneras de lograrla es poniendo personas clave en lugares clave para escupir asados diversos, poner palos en las ruedas y trabar todo. Ya es difícil direccionar el sentido de la gestión pública en el mejor de los casos, con lo que estos personajes sensibles al lobby pueden ser peculiarmente dañinos.

Un personaje con una verdadera vocación por defender las demoliciones acaba de hacerse notar en la Comisión de Planeamiento de la Legislatura porteña. Se trata de Carlos Benavides, un cincuentón asesor del diputado Martín Ocampo (PRO), que está irritando hasta al bloque propio con sus actitudes. Y el hombre tiene su historia.

Benavides fue funcionario porteño y fue protagonista de lo que debe ser el primer sumario grave de la administración Macri. El actual asesor legislativo era titular del área de Supervisión de Interpretación Urbana, parte de la Dirección General del mismo nombre, que depende de la Subsecretaría de Planeamiento del Ministerio de Desarrollo Urbano. Ya en enero de 2008, con Macri apenas calentando la silla, el ministro Daniel Chaín le instruyó sumario administrativo por faltas graves.

El escrito con que Chaín decide tiene fecha del 25 de enero del año pasado, pero remite al Expediente Administrativo 3098/08 y arranca implicando que Benavides entró en el radar de la nueva gestión por su estupenda capacidad de trabar expedientes. Según se desprende de la prosa burocrática, los nuevos titulares comenzaron un arqueo de situación al asumir, cosa de cordura básica. La Dgiur avisó por la cadena de mandos que había encontrado “quinientas ochenta y nueve actuaciones sin resolver” en el área de Supervisión.

Este número es espectacular y seguramente fruto de largos meses de labor por parte de Benavides. El hombre tenía, sin embargo, su método, que el escrito explica tersamente como “un orden aleatorio de tratamiento que no responde a lógicas administrativas de gestión”. Esto es, los expedientes salían como le parecía al titular.

Con 589 expedientes parados y las resoluciones saliendo como le conviniera a Benavides se genera un estado de sospecha clarísimo. “La situación informada viola flagrantemente los tiempos normales de trámite establecidos”, dice el expediente, que agrega que en ningún momento “obran en los expedientes informados ni en la explicación adjunta circunstancias de excepción que justifiquen la demora”.

La explicación de Benavides es realmente notable. El entonces funcionario dice que la demora se debe a una “decisión de servicio” y a la “atención de prioridades fijadas por las sucesivas autoridades políticas”, lo que suena a cuidado de una caja por orden superior.

El expediente culmina avisando que este tipo de tropelías pueden dar lugar a juicios contra la ciudad, por lo que remite el tema a la Dirección General de Sumarios de la Procuraduría General porteña y aprueba que se abra un sumario administrativo.

Curiosamente, Benavides fue expulsado del Ejecutivo porteño por la gestión del PRO pero este año encontró conchabo con Martín Ocampo, otro PRO que se ganó la banca también en diciembre de 2007. Ocampo forma parte de varias comisiones legislativas, pero la que importa en este cuento es la de Planeamiento, área de “experiencia” del ex funcionario sumariado.

Una de las cosas que no figura en el expediente de enero de 2008 es que Benavides tenía el sí fácil en eso de permitir demoliciones de edificios patrimoniales. A medida que amplió su escenario de acción, quedó en claro que es un enemigo drástico de todo lo que sea preservación, como lo está mostrando en su nuevo rol de asesor.

Resulta que los proyectos de catalogación y creación de APHs tienen que pasar por la Comisión de Planeamiento de la Legislatura. Estos proyectos ya enfrentan el reduccionismo ideológico de los arquitectos, el hambre de negocios de las constructoras y su capacidad de lobby a través del CPAU y del Copua. Benavides se suma a estas líneas con alegría y hasta se puso a frenar proyectos de catalogaciones de la misma bancada del PRO, esto es de los colegas de Ocampo, Patricio Di Stefano y Marta Varela.

El caso más increíble fue el proyecto de crear una APH en la avenida Callao. Este proyecto ya tiene primera lectura y resultó muy poco controvertido porque protege edificios notables y de gran porte, que por su mismo tamaño y valor material difícilmente sean demolibles. Como siempre ocurre, la ley con primera sanción volvió a la Comisión de Planeamiento. En general, con una ley que ya se votó en el recinto hay poca discusión, pero Benavides se empezó a lucir tratando de trabarla. Fue en la reunión de asesores, que tiene existencia formal y resulta una primera discusión de los proyectos antes de que los traten los diputados. Benavides, que tiene un estilo confuso y oscuro, difícil de entender, comenzó a cuestionar los límites de altura en la avenida y siguió con una suerte de exposición en contra de la misma idea.

Como es muy, pero muy difícil derribar un proyecto que ya tiene media sanción, a Benavides le fue mal: los diputados firmaron todos el proyecto, con lo que la segunda votación es inminente. Hasta su jefe, Ocampo, firmó la iniciativa de su colega de bancada. Pero Benavides está en posición para atacar otros proyectos que están por entrar a la Legislatura o que ya están dando sus primeros pasos.

sábado, agosto 01, 2009

Barracas vigilante

El valioso garaje de la calle Uspallata al 700 apareció tapiado y los vecinos temen que lo vayan a demoler desde adentro y clandestinamente. Otro caso de vandalismo para burlar el nuevo marco legal.


Por Sergio Kiernan

Cuando uno tiene hijos, se acostumbra a repetir infinitamente cosas como que hay que lavarse los dientes –y las manos, y la cara– o que correr escaleras abajo no es realmente una buena idea. Los pequeños salvajes rezongan y ni siquiera pueden concebir que la falta de cepillo pone a los dientes verdinegros poco antes de hacerlos caer. Ni hablar de accidentes diversos, quebraduras y otros temores de los padres. Los niños exhiben esta inconsciencia porque son niños, en estado de inocencia, y sólo un Scrooge podría acusarlos de hacer trampa.

Pero este repetir reglas y anunciar consecuencias resulta particularmente desagradable entre adultos, porque significa que alguien hace trampa, que no puede creer que tiene que dejar de hacer algo. Es lo que está pasando con las demoliciones clandestinas: hay una ley que prohíbe demoler cualquier edificio construido antes de 1941 sin un permiso especial, pero varios avivados creen que no es con ellos, que pueden demoler igual y luego todo se va a arreglar igual.

El caso más reciente fue descubierto por ese gran recurso porteño, el blog de los vecinos de Proteger Barracas –protegerbarracas.blogspot.com–, en la calla Uspallata al 700. Es un edificio del tipo que hizo a Buenos Aires un garaje con dos viviendas en propiedad horizontal, realizado a lo grande en lo que era una ciudad nueva, rica y bien construida. Como se ve en las fotos, el edificio acaba de ser tapiado y los vecinos sospechan que la demolición es inminente y de adentro hacia afuera.

El terreno donde se alza esta belleza tiene 1600 metros cuadrados, lo que permite en principio construir varios pisos de altura. Como la arquitectura argentina no es más que una maqueta de lo que supo ser, lo nuevo será seguramente muy inferior a lo demolible. Basta ver los elementos del edificio actual: proporciones equilibradas, herrerías eternas y elegantes, pilastras, querubines, aberturas verticales, piel dura de Piedra París. Y esto en un garaje de barrio, construido por un honesto seguidor del canon de la época para un cliente que quería hacer una inversión rentable...

El garaje no puede ser demolido legalmente por la simple razón de que cuenta con una doble protección. Por un lado, cae bajo la ley 3158 que se debate en la Legislatura porteña para proteger especialmente una amplia zona de Barracas, nuestro sur intacto. Como el proyecto tiene estado parlamentario, ya quedaron inhibidos los muchos edificios que abarca.

Y por el otro lado, el edificio es evidentemente anterior a 1941 y está protegido por la 3056, ya sancionada, que crea un mecanismo especial. Si los vándalos quisieran demoler el garaje por derechas, tendrían que presentarse por ventanilla a pedir el permiso de obra correspondiente. Allí les avisarían que esa parcela urbana está inhibida y que el trámite se tiene que girar al Consejo Asesor en Asuntos Urbanos, CAAP, para que lo debata. El CAAP, que reúne privados, ONGs, ejecutivo y legislativo, revisa el caso particular y decide recomendar su catalogación o demolición. En el primer caso, el trámite va a la Legislatura, en el segundo vuelve a la ventanilla original.

Ultimamente, a todos quienes siguen estos temas de cerca les están entrando dudas sobre dónde están parados en el CAAP, que tiene el sí fácil para las demoliciones y se pone a justificarlas en arquitecturés, hablando de “contextos urbanos” y otras macanas. Pero la cuadra de Uspallata al 700 es casi perfecta, de una altura tan pareja que parece trazada a cordel, con sus arquitecturas en orden y hasta con un empedrado en buen estado. Ni el arquitecto Alvarez encontraría un argumento de buena fe.

Con lo cual lo único que queda es vandalizarla, romperla toda, dejarla hecha una cáscara, de modo que el CAAP muestra su falta de rigor y decida, como se permitió opinar en el caso del Kalnay en la calle Palestina, que ya no vale la pena preservarla. En Barracas, los vecinos están vigilando que esto no pase y, si el Ejecutivo cumple su palabra, en breve podrán denunciar las demoliciones para que los autores paguen duras multas de hasta medio millón de pesos. Esto será cuando llegue a la Legislatura el reglamento de penalidades preparado por el Ministerio de Cultura para quienes destruyan el patrimonio.