Pasó el primer mes del derrumbe en Villa Urquiza que causó tres muertes. La comisión de Planeamiento porteña debió suspender los dos últimos encuentros. Recién se analizarán normas el 21 de septiembre.
A un mes del trágico accidente del gimnasio en Villa Urquiza que causó la muerte de tres personas, las normas que regulan el trabajo de las empresas constructoras no se modificó y las denuncias por demoliciones ilegales se suceden día tras día.
Desde el Gobierno de la Ciudad se lanzó una avanzada para monitorear las obras en construcción y para que los diputados porteños retomen los debates en torno a la necesidad de actualizar la legislación vigente que controle los trabajos en territorio porteño.
Pero desde las organizaciones que nuclean a los vecinos afectados por el boom de la construcción en la ciudad señalaron a Notio que “toda la artillería” de la administración de Mauricio Macri está centrada en el barrio de Villa Urquiza y que todavía no se monitorearon las demás zonas perjudicadas por las obras en altura. “En menos de veinte días inspeccionaron todo Villa Urquiza”, indicaron.
De hecho, en la zona clausuraron 29 obras por diferentes anomalías en el proceso de construcción, lo que significa casi el 5 por ciento del total en el área.
El referente de la Protocomuna Caballito, Gustavo Desplats, recordó que el pasado 18 de agosto, la entidad entregó al Jefe de Gobierno, Mauricio Macri, un petitorio para actualizar la normativa en torno a las demoliciones y construcciones. Entre varios puntos, se reclamó la modificación del Código de Edificación, que incluya inspecciones en el momento del pozo; la limitación a un máximo de 6 metros la altura construible en pasajes, a 12 metros en calles y a 24 metros en las avenidas; y la aplicación de sanciones a las empresas demoledoras que violen la legislación. “Hoy no hay sanciones para nadie”, aseguró Desplats.
Caballito es uno de los barrios pioneros en la lucha contra los edificios en altura y en donde los vecinos se organizaron para reclamar al gobierno porteño el freno de las construcciones en la zona.
En ese marco, Desplats le dijo a Notio que desde el trágico derrumbe en Villa Urquiza, los vecinos de Caballito presentaron numerosas denuncias sobre obras que violaban el actual marco regulatorio, pero que ninguna fue tenida en cuenta hasta el momento.
Avances, pocos
Desde la comisión de Planeamiento de la la Legislatura de la Ciudad se pidió un informe sobre los hechos que enmarcaron el desastre de Villa Urquiza. La solicitud ingresó al recinto y se aprobó en la sesión del 12 de agosto. El Ejecutivo deberá contestar en un plazo de un mes.
Pero las tareas de Planeamiento también se vieron afectadas por el contexto político de la ciudad: la puesta en funcionamiento de la Comisión Investigadora que analiza la responsabilidad de Mauricio Macri en el escándalo de las escuchas ilegales dejó sin sala de reuniones a los integrantes del cuerpo y obligó a postergar las dos últimas reuniones de la comisión de Planeamiento. El próximo encuentro recién se realizará el 21 de septiembre.
Por otra parte, existe un proyecto de ley que dispone las inspecciones a las obras desde el momento de la demolición y excavación, mecanismo que hoy no existe.
“El derrumbe producido en el gimnasio (ubicado en la calle Mendoza 5030) sirve para testimoniar que la dinámica de las inspecciones, los criterios que las orientan y la frecuencia con la que se realizan no son suficientes”, señala la norma que lleva la firma de todos los integrantes de la comisión de Planeamiento.
“Hoy se evalúa desde la construcción de la primera loza. No se pide absolutamente nada en el momento de la excavación y la demolición”, explicó Desplats.
La causa del gimnasio
Tras la muerte de Guillermo Ramón Fede, (37 años), Luis Lu (23) y Maximiliano Salgado (18), la causa judicial que investiga las causas y los responsables del derrumbe mantiene su secreto de sumario. Pero las autoridades judiciales le negaron el pedido del Gobierno de la Ciudad de presentarse como querellantes en el proceso. De esta manera, se podría allanar el camino para que avancen investigaciones a funcionarios del gobierno porteño, deseo de los familiares de las víctimas.
En la causa hay, por el momento, tres imputados por los delitos de homicidio culposo y lesiones: el responsable de la obra lindera al gimnasio, Guillermo Heyaca Varela, el dueño de la empresa constructora, Daniel Menta y el responsable de la firma que tercerizó a la máquina excavadora, Jose Pataro.
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