Tras el derrumbe del gimnasio en Villa Urquiza. Están en cuatro barrios porteños. Los certificados de demolición habían sido presentados con una firma que no correspondía. Uno de los responsables ya había sido suspendido por el Gobierno de la Ciudad.
Por Pablo Novillo
La Justicia porteña suspendió la construcción de 19 edificios en cuatro barrios porque los certificados de demolición fueron presentados con una firma que no correspondía.
La construcción de estas 19 obras está a cargo de los arquitectos Mario D’Aqui y José Lamenza, socios de la constructora Argerich SRL. Este último ya había tenido sanciones de parte de la Ciudad: en 2008 el Gobierno porteño le suspendió la posibilidad de presentar planos por ocho años, por irregularidades encontradas en una obra en La Paternal. De hecho, los vecinos de la ONG Salvemos al barrio, de Villa Pueyrredón, habían denunciado a Lamenza por problemas con obras que estaba haciendo en su barrio.
Las obras, varias de ellas bastante avanzadas, están en Villa Pueyrredón, Villa Urquiza, Villa Devoto y Villa Mitre. Entre 2008 y 2009, D’Aqui y Lamenza presentaron los expedientes para demoler lo que había en los lotes y luego poder construir edificios. Esas demoliciones, según los planos que presentaron, estaban a cargo de la empresa De Villa Hermanos. Con ese trámite completado, las construcciones comenzaron.
Pero el 22 de diciembre pasado, Pierino Carlos de Villa, uno de los dueños de la empresa de demolición, se presentó ante el Registro de Demoledores y aseguró que esos trabajos no habían estado a su cargo, y que los papeles habían sido presentados “mediante la falsificación de firmas”.
Pero el 22 de diciembre pasado, Pierino Carlos de Villa, uno de los dueños de la empresa de demolición, se presentó ante el Registro de Demoledores y aseguró que esos trabajos no habían estado a su cargo, y que los papeles habían sido presentados “mediante la falsificación de firmas”.
También pidió que la Ciudad hiciera la denuncia penal: según el Código Penal, el culpable de falsificar un documento público puede ser castigado con uno a seis años de cárcel.
Por eso, este año la Dirección General de Registro de Obras y Catastro (DGROC), ordenó paralizar las 19 construcciones y suspenderles provisoriamente las firmas a Lamenza y D’Aqui. Pero los arquitectos presentaron un recurso de amparo ante la Justicia y reclamaron que les permitieran seguir trabajando. Su explicación fue que en los 19 permisos habían cometido “un error material”, ya que en los planos consignaron “el nombre y los datos de un demoledor que habían actuado para ellos en otras ocasiones pero que no fue el que intervino en las obras en cuestión”.
La causa cayó en el juzgado en lo Contencioso Administrativo N° 3, a cargo de la jueza Elena Liberatori. El 8 de julio se realizó una audiencia entre los arquitectos y el Gobierno porteño, en la que se resolvió que, mientras se presentaban todas las pruebas, provisoriamente se podía seguir construyendo sólo aquellos edificios que estuvieran en estado avanzado de obra.
Pero luego Liberatori revió su decisión, y volvió a suspender las 19 construcciones. “Los amparistas parecen no advertir la gravedad de esta situación, que no sólo podría implicar la comisión de un delito sino que impidió que la Administración pudiera ejercer el control que le corresponde sobre los trabajos de demolición”, afirmó la jueza en su fallo, y además agregó que “no parece que el haber presentado documentación aparentemente suscripta por un demoledor distinto al actuante en 19 obras revista las características de un error meramente formal”.
Además, Liberatori entendió que correspondía que el Gobierno porteño presentara una denuncia penal por falsificación de firmas, ya que se trata de un delito de acción pública, aquellos donde el Estado está obligado a actuar, más allá de lo que hagan los particulares. Ayer Clarín consultó con la Procuración porteña, pero no pudieron confirmar si esa denuncia se realizó o no.
Además, Liberatori entendió que correspondía que el Gobierno porteño presentara una denuncia penal por falsificación de firmas, ya que se trata de un delito de acción pública, aquellos donde el Estado está obligado a actuar, más allá de lo que hagan los particulares. Ayer Clarín consultó con la Procuración porteña, pero no pudieron confirmar si esa denuncia se realizó o no.
Esta medida judicial se conoce a poco más de un mes del derrumbe del gimnasio de Villa Urquiza, originado por la construcción de una obra que también tuvo irregularidades en su etapa de demolición. Tras esa tragedia, y la del boliche Beara, se reavivó la discusión sobre las habilitaciones y controles de parte del Estado a las obras y comercios.
El valor de 19 obras paradas
¿Qué universo representan 19 obras entre los miles de edificios que se levantan la Ciudad? Cuantitativamente poco. Pero cualitativamente la cifra da cuenta de los riesgos que pueden representar la falta de control en la construcción. Las obras fueron detenidas tras un litigio que incluyó una denuncia, un amparo y su posterior rechazo. En el medio avanzaron y muchas incluso están casi listas. Y la irregularidad estuvo en sus cimientos. Porque la firma falsa se detectó en los certificados de demolición. Antes del derrumbe de Urquiza, la obra lindera ya había sido cuestionada justamente por su demolición. A la luz de lo que sucedió luego, las 19 obras suspendidas representan mucho.
Estudian nueva normativa
El caso de las 19 obras paradas por la Justicia se da en el mismo momento en que el Ejecutivo y la Legislatura se vieron obligados a estudiar cambios en la normativa sobre demoliciones, excavaciones y construcciones, luego del derrumbe del gimnasio en Villa Urquiza.
Tras la tragedia, el Ejecutivo convocó a una reunión con constructores, ingenieros, arquitectos y la UOCRA, para entre todos buscar un nuevo marco normativo. Pero la segunda reunión, que se iba a hacer en la Legislatura, aún no se realizó.
Entre otras cosas, se propuso que haya una inspección obligatoria de la Ciudad en el momento de la demolición y excavación, ya que hoy en general el primer control se hace cuando la edificación ya está en marcha.
También se estudia endurecer los requisitos para habilitar a empresas de excavación y demolición, y que todos los permisos y planos de las obras se hagan en un expediente único.
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