Buenos Aires, 17 de febrero de 2011 (RENA). La Justicia procesó por “estrago doloso” a tres personas por su responsabilidad en el trágico derrumbe de un gimnasio en el barrio porteño de Villa Urquiza. Mientras tanto, denuncian “irregularidades” en la investigación del desplome en una discoteca. Y en Palermo aún se sienten las repercusiones por la caída de una grúa sobre un edificio.
Consultados por RENA, desde el grupo Proto Comuna Caballito denunciaron el “relajamiento” en el control de la construcción en la capital del país, el uso de “materiales de segunda” y la contratación de “mano de obra no calificada”. Pidieron que se juzgue a los funcionarios comunales por “omisión y negligencia” en el colapso del gimnasio, que mató a tres personas e hirió a otras 11 en agosto de 2010.
Desde 1998 a 2009 se construyeron 19.669.379 de metros cuadrados en edificios residenciales y comerciales en la Ciudad. Ese crecimiento “no fue acompañado por obras de renovación y ampliación en las redes de servicios, especialmente de agua y cloacas. Al menos cinco barrios de la ciudad se encuentran en situación crítica por la saturación de construcciones que carecen de redes en condiciones para soportarlas”, manifestaron.
Estrago doloso
La Justicia penal procesó por “estrago doloso” (con penas de tres a diez años de prisión) al ingeniero Guillermo Heyaca Varela, a cargo de la obra junto al gimnasio que se derrumbó en agosto último en Villa Urquiza, provocando la muerte de Guillermo Fede, de 37 años, Luis Lu, de 27, y Maximiliano Salgado, de 18.
También fueron procesados Daniel Menta, el dueño de la empresa que quería construir un edificio al lado del gimnasio Orión; y José Pataro, dueño de la excavadora que trabajaba en ese lote lindero, según Clarín.
Los tres irían a juicio oral porque una pericia de Bomberos demostró que “no respetaron las reglas” para la excavación que debían realizar, lo que habría dañado la estructura del gimnasio, que así terminó colapsando. Pero esperarán fuera de la cárcel, ya que pagaron una fianza de 10 mil pesos, lo que indignó a los familiares de las víctimas.
La misma figura penal le valió a los responsables del desastroso incendio en la disco República Cromañón, que mató a casi 200 personas en diciembre de 2004, en el barrio de Once.
Heyaca Varela aseguró en su defensa que contaba con todas las habilitaciones del Gobierno porteño. Y es real. Pero se lo acusa de no haber respetado esas medidas de seguridad que había presentado en el expediente. Menta y Pataro podrían ser responsables por no haber cumplido con los procedimientos para la demolición y excavación.
“Estamos de acuerdo con los procesamientos, pero al igual que los abogados de las victimas consideramos que los funcionarios son responsables por omisión y negligencia. Fueron avisados y no hicieron nada”, dijeron a este medio desde la ONG Proto Comuna Caballito.
Esa organización solicitó una medida cautelar donde solicita la suspensión de la entrega, por la administración porteña, de los permisos y finales de obra en los barrios de Villa Urquiza, Villa Pueyrredon, Palermo, Caballito y Coglhan, por daño ambiental.
Desde la ONG creen que hay que tomar todos estos ‘accidentes’ y analizarlos en conjunto, no como hechos individuales. “De esa manera se podrá comprender el relajamiento del control de la Ciudad sobre la actividad de la construcción, que en los últimos 8 años ha seguido un modelo basado en la maximización de las utilidades, procurando minimizar los tiempos de obra, con la utilización de materiales de segunda y mano de obra no calificada”.
“Así se logra disminuir costos pero poniendo día a día la vida de los obreros en peligro. Y la vida y propiedad de los vecinos linderos. Se está construyendo a la inversa de lo que necesita la ciudad y sus vecinos. Se pone en riesgo de colapso la red de provisión de agua y de saneamiento cloacal”, denunciaron.
En la misma sintonía, los abogados de la causa “Orión” confirmaron que pedirán que se investigue a los funcionarios del Gobierno de la Ciudad encargados de los controles a las obras, porque no ejercieron el poder de policía.
El 17 de junio, la UOCRA había advertido que en la obra junto al gimnasio, en la etapa de demolición de una estructura que había en ese lote, faltaban medidas de seguridad. La Ciudad respondió que habían enviado inspectores, pero que en las dos oportunidades que fueron al lugar lo encontraron cerrado, con la demolición ya terminada.
El Gobierno de Mauricio Macri tomó algunas medidas. Le prohibió por 15 años a Heyaca Varela la firma de cualquier nuevo proyecto, y le clausuró otras cuatro obras que estaba casi terminadas. También intentó presentarse como querellante, pero la Justicia se lo negó, según la prensa.
Además, echó a Oscar Ríos, el director de la Agencia Gubernamental de Control, porque durante el operativo de rescate fue a una reunión de la comisión directiva de Boca Juniors, club del cual es dirigente.
Novedades en caso Beara
Cinco meses después de la tragedia en el boliche Beara de Palermo, que dejó como saldo dos adolescentes fallecidas, la legisladora porteña María José Lubertino se reunió la semana última con los padres de las víctimas, y señaló que “no hay sumario administrativo, que el Gobierno de la Ciudad no ofreció atención psicológica a familiares y heridos, y que la jueza del caso sólo citó a ocho de los 125 testigos”, según la prensa.
Durante el encuentro, la legisladora tomó conocimiento de un escrito presentado por la Fiscalía 14 ante la Justicia, donde se notifica sobre las irregularidades en la investigación del caso por parte del Gobierno capitalino.
Allí se revela la falta de citación de testigos que podrían aportar datos claves y a las responsabilidades de funcionarios macristas respecto a la habilitación del comercio cuya estructura interna se derrumbó y produjo el fatal desenlace.
La grúa que casi provoca un desastre
A los graves antecedentes se sumó un nuevo registro en el historial porteño. El sábado último un edificio de siete pisos ubicado en Las Cañitas, pleno barrio de Palermo, fue aplastado por una enorme grúa que se desplomó cuando realizaba excavaciones en una obra en construcción y se desequilibró en la base por un derrumbe de tierra. Aunque no produjo víctimas, el hecho provocó conmoción en el barrio. Como medida preventiva, el edificio fue desalojado y se registraron escenas de pánico, según medios periodísticos.
El titular de la Agencia Gubernamental de Control, Javier Ibáñez, aseguró que la obra estaba en funcionamiento desde diciembre y que durante enero hubo una inspección donde se verificó que “tanto en las excavaciones como en la seguridad general de la obra no se detectaron irregularidades”. Ibáñez aclaró que el derrumbe se produjo por una falla en el nivel en la grúa, que perdió estabilidad, dejó de estar en posición recta y, así de simple, se cayó, según Perfil.
El mismo funcionario fue el encargado de anunciar que en las próximas dos semanas controlarán todas las grúas que hay en las obras en construcción de la ciudad.
Es el tercer golpe que sufre el Gobierno porteño en siete meses relacionado con irregularidades en los controles y fiscalizaciones en las obras. El más fuerte llegó a principios de agosto de 2010, cuando se derrumbó un gimnasio en Villa Urquiza que dejó tres muertos y 11 heridos.
Un mes más tarde, en Palermo, el entrepiso de Beara, un salón de fiestas que funcionaba sin autorización como boliche, se desplomó en la madrugada y causó la muerte de dos chicas y dejó veinte heridos.
Doble intimación
La jueza Karina Cicero, a cargo del juzgado 14 en el fuero Contencioso Administrativo de la Ciudad, dictó recientemente una medida pre-cautelar donde intima al Gobierno porteño y a la empresa Aguas y Saneamientos Argentinos (AYSA) a entregar en un plazo máximo de 10 días toda la documentación referente a las obras estipuladas en el Decreto 220/07, referido a la construcción de 320 Km. de cañerías de provisión de agua y cloacales en cinco barrios porteños.
Luego de ese plazo, la jueza debe decidir sobre la medida cautelar pedida por Proto Comuna Caballito, donde solicita la suspensión de la entrega, por la administración porteña, de los permisos y finales de obra en Villa Urquiza, Villa Pueyrredon, Palermo, Caballito y Coglhan por daño ambiental, hasta que se realice la totalidad de las infraestructuras comprometidas en 2007 con la firma del Decreto 220/07.
(Juan Ignacio Manchiola)
Consultados por RENA, desde el grupo Proto Comuna Caballito denunciaron el “relajamiento” en el control de la construcción en la capital del país, el uso de “materiales de segunda” y la contratación de “mano de obra no calificada”. Pidieron que se juzgue a los funcionarios comunales por “omisión y negligencia” en el colapso del gimnasio, que mató a tres personas e hirió a otras 11 en agosto de 2010.
Desde 1998 a 2009 se construyeron 19.669.379 de metros cuadrados en edificios residenciales y comerciales en la Ciudad. Ese crecimiento “no fue acompañado por obras de renovación y ampliación en las redes de servicios, especialmente de agua y cloacas. Al menos cinco barrios de la ciudad se encuentran en situación crítica por la saturación de construcciones que carecen de redes en condiciones para soportarlas”, manifestaron.
Estrago doloso
La Justicia penal procesó por “estrago doloso” (con penas de tres a diez años de prisión) al ingeniero Guillermo Heyaca Varela, a cargo de la obra junto al gimnasio que se derrumbó en agosto último en Villa Urquiza, provocando la muerte de Guillermo Fede, de 37 años, Luis Lu, de 27, y Maximiliano Salgado, de 18.
También fueron procesados Daniel Menta, el dueño de la empresa que quería construir un edificio al lado del gimnasio Orión; y José Pataro, dueño de la excavadora que trabajaba en ese lote lindero, según Clarín.
Los tres irían a juicio oral porque una pericia de Bomberos demostró que “no respetaron las reglas” para la excavación que debían realizar, lo que habría dañado la estructura del gimnasio, que así terminó colapsando. Pero esperarán fuera de la cárcel, ya que pagaron una fianza de 10 mil pesos, lo que indignó a los familiares de las víctimas.
La misma figura penal le valió a los responsables del desastroso incendio en la disco República Cromañón, que mató a casi 200 personas en diciembre de 2004, en el barrio de Once.
Heyaca Varela aseguró en su defensa que contaba con todas las habilitaciones del Gobierno porteño. Y es real. Pero se lo acusa de no haber respetado esas medidas de seguridad que había presentado en el expediente. Menta y Pataro podrían ser responsables por no haber cumplido con los procedimientos para la demolición y excavación.
“Estamos de acuerdo con los procesamientos, pero al igual que los abogados de las victimas consideramos que los funcionarios son responsables por omisión y negligencia. Fueron avisados y no hicieron nada”, dijeron a este medio desde la ONG Proto Comuna Caballito.
Esa organización solicitó una medida cautelar donde solicita la suspensión de la entrega, por la administración porteña, de los permisos y finales de obra en los barrios de Villa Urquiza, Villa Pueyrredon, Palermo, Caballito y Coglhan, por daño ambiental.
Desde la ONG creen que hay que tomar todos estos ‘accidentes’ y analizarlos en conjunto, no como hechos individuales. “De esa manera se podrá comprender el relajamiento del control de la Ciudad sobre la actividad de la construcción, que en los últimos 8 años ha seguido un modelo basado en la maximización de las utilidades, procurando minimizar los tiempos de obra, con la utilización de materiales de segunda y mano de obra no calificada”.
“Así se logra disminuir costos pero poniendo día a día la vida de los obreros en peligro. Y la vida y propiedad de los vecinos linderos. Se está construyendo a la inversa de lo que necesita la ciudad y sus vecinos. Se pone en riesgo de colapso la red de provisión de agua y de saneamiento cloacal”, denunciaron.
En la misma sintonía, los abogados de la causa “Orión” confirmaron que pedirán que se investigue a los funcionarios del Gobierno de la Ciudad encargados de los controles a las obras, porque no ejercieron el poder de policía.
El 17 de junio, la UOCRA había advertido que en la obra junto al gimnasio, en la etapa de demolición de una estructura que había en ese lote, faltaban medidas de seguridad. La Ciudad respondió que habían enviado inspectores, pero que en las dos oportunidades que fueron al lugar lo encontraron cerrado, con la demolición ya terminada.
El Gobierno de Mauricio Macri tomó algunas medidas. Le prohibió por 15 años a Heyaca Varela la firma de cualquier nuevo proyecto, y le clausuró otras cuatro obras que estaba casi terminadas. También intentó presentarse como querellante, pero la Justicia se lo negó, según la prensa.
Además, echó a Oscar Ríos, el director de la Agencia Gubernamental de Control, porque durante el operativo de rescate fue a una reunión de la comisión directiva de Boca Juniors, club del cual es dirigente.
Novedades en caso Beara
Cinco meses después de la tragedia en el boliche Beara de Palermo, que dejó como saldo dos adolescentes fallecidas, la legisladora porteña María José Lubertino se reunió la semana última con los padres de las víctimas, y señaló que “no hay sumario administrativo, que el Gobierno de la Ciudad no ofreció atención psicológica a familiares y heridos, y que la jueza del caso sólo citó a ocho de los 125 testigos”, según la prensa.
Durante el encuentro, la legisladora tomó conocimiento de un escrito presentado por la Fiscalía 14 ante la Justicia, donde se notifica sobre las irregularidades en la investigación del caso por parte del Gobierno capitalino.
Allí se revela la falta de citación de testigos que podrían aportar datos claves y a las responsabilidades de funcionarios macristas respecto a la habilitación del comercio cuya estructura interna se derrumbó y produjo el fatal desenlace.
La grúa que casi provoca un desastre
A los graves antecedentes se sumó un nuevo registro en el historial porteño. El sábado último un edificio de siete pisos ubicado en Las Cañitas, pleno barrio de Palermo, fue aplastado por una enorme grúa que se desplomó cuando realizaba excavaciones en una obra en construcción y se desequilibró en la base por un derrumbe de tierra. Aunque no produjo víctimas, el hecho provocó conmoción en el barrio. Como medida preventiva, el edificio fue desalojado y se registraron escenas de pánico, según medios periodísticos.
El titular de la Agencia Gubernamental de Control, Javier Ibáñez, aseguró que la obra estaba en funcionamiento desde diciembre y que durante enero hubo una inspección donde se verificó que “tanto en las excavaciones como en la seguridad general de la obra no se detectaron irregularidades”. Ibáñez aclaró que el derrumbe se produjo por una falla en el nivel en la grúa, que perdió estabilidad, dejó de estar en posición recta y, así de simple, se cayó, según Perfil.
El mismo funcionario fue el encargado de anunciar que en las próximas dos semanas controlarán todas las grúas que hay en las obras en construcción de la ciudad.
Es el tercer golpe que sufre el Gobierno porteño en siete meses relacionado con irregularidades en los controles y fiscalizaciones en las obras. El más fuerte llegó a principios de agosto de 2010, cuando se derrumbó un gimnasio en Villa Urquiza que dejó tres muertos y 11 heridos.
Un mes más tarde, en Palermo, el entrepiso de Beara, un salón de fiestas que funcionaba sin autorización como boliche, se desplomó en la madrugada y causó la muerte de dos chicas y dejó veinte heridos.
Doble intimación
La jueza Karina Cicero, a cargo del juzgado 14 en el fuero Contencioso Administrativo de la Ciudad, dictó recientemente una medida pre-cautelar donde intima al Gobierno porteño y a la empresa Aguas y Saneamientos Argentinos (AYSA) a entregar en un plazo máximo de 10 días toda la documentación referente a las obras estipuladas en el Decreto 220/07, referido a la construcción de 320 Km. de cañerías de provisión de agua y cloacales en cinco barrios porteños.
Luego de ese plazo, la jueza debe decidir sobre la medida cautelar pedida por Proto Comuna Caballito, donde solicita la suspensión de la entrega, por la administración porteña, de los permisos y finales de obra en Villa Urquiza, Villa Pueyrredon, Palermo, Caballito y Coglhan por daño ambiental, hasta que se realice la totalidad de las infraestructuras comprometidas en 2007 con la firma del Decreto 220/07.
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