lunes, enero 02, 2012

La justicia ordenó al Gobierno Porteño que evite la demolición de edificios anteriores a 1941

Diciembre 26, 2011 por cpphc
La Justicia porteña concedió el amparo que pidieron las seis mayores ONG de defensa del patrimonio edificado. La medida precautelar, que prohíbe al Gobierno de la Ciudad permitir cualquier demolición o reforma de edificios anteriores a 1941, fue emitida en cuestión de horas por la jueza de primera instancia en lo Contencioso Tributario Andrea Danas. En los próximos días, luego de que se compruebe que no hay otras causas similares, el amparo será sorteado nuevamente para un fallo definitivo.
La jueza Danas aceptó el argumento de urgencia presentado por María Carmen Usandivaras, la letrada de Basta de Demoler, la organización civil que presentó el pedido de amparo junto a la Fundación Ciudad, Proteger Barracas, Salvemos Floresta, SOS Caballito y la Protocomuna Caballito, con apoyo de varias ONG de Boedo, San Telmo, La Boca y otros barrios. Fue por eso que citó a los peticionantes al final de la tarde y a las 21 horas les comunicó formalmente que había emitido una precautelar prohibiendo las demoliciones.
La medida protege los 140.000 inmuebles de Buenos Aires construidos antes de 1941, que representan casi el 20 por ciento del total de los 200 millones de metros cuadrados de la capital. Estos edificios cuentan hasta el próximo sábado a las 24 horas con un régimen especial, creado en diciembre de 2007, que impide que sean demolidos “por ventanilla”. El trámite para edificios de esta antigüedad implica que los expedientes sean revisados por el Consejo Asesor en Asuntos Patrimoniales, que puede “desestimarlos” y autorizar su destrucción o girar la carpeta a la Legislatura, recomendando su catalogación definitiva. En cuatro años, el Consejo recibió 5242 pedidos de demolición, permitió 4253 y recomendó la catalogación de apenas 989 edificios.
La jueza Danas, le ordenó al Poder Ejecutivo de la Ciudad congelar todos los pedidos de demolición o reforma de edificios cuyos permisos de construcción o su existencia por catastro sea anterior a 1941. Según la jueza, la prohibición se debe mantener hasta que la Legislatura trate el tema de fondo y decida sobre la misma existencia del patrimonio de la ciudad.

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